Siguen deficiencias en el sistema penal

Las malas prácticas arraigadas en las investigaciones, entre ellas la tortura y las continuas deficiencias en la capacidad técnica aún paralizan los esfuerzos de México para combatir la violencia y la corrupción, así como para responsabilizar a los funcionarios públicos que cometen violaciones de los derechos humanos.

Es cierto que los cambios no se concretan de la noche a la mañana, pero a lo largo de la implementación y funcionamiento del llamado nuevo sistema de justicia penal, los progresos no han sido significativos. 

Esto se puede ver reflejado en los diversa análisis que realizan las instituciones especializadas en el tema, como el elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), denominado “El Estado de Derecho en México: 11 Años Después de las Reformas de Justicia Penal.

La creciente violencia, junto con la impunidad, advierten la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia penal, porque desde el comienzo del año un promedio de 95 personas al día han sido asesinadas en el país; y en contra parte sólo el 5% de los casos de homicidio termina en una condena.

Sin embargo, considera el informe, que al cerrar el primer año de gobierno de López Obrador se tiene una oportunidad para dotar al sistema de justicia penal de los recursos que necesarios para enfrentar los puntos que se señalan como desafíos dentó del análisis.

Pero cuales son estos retos: priorizar el entrenamiento de la policía en tareas de investigación, la contratación de más personal en las defensorías públicas y el fortalecer la capacidad forense, en materia federal. Sin dejar de lado a los Estados pues los fondos proporcionados para apoyar a las instituciones de justicia a nivel estatal deben ser flexibles para dar a los gobiernos estatales cierta autonomía y puedan determinar sus propias prioridades.

La WOLA reconoció que la transición a los juicios orales ha ayudado a abordar la ineficiencia, la opacidad y la falta de debido proceso que caracterizaron el antiguo sistema; sin embargo, más de tres años después de la fecha límite para completar el sistema de justicia penal, la transición está lejos de completarse, porque las instituciones judiciales y de aplicación de la ley continúan saturadas y carecen de la capacitación y especialización necesarias.

La mayor dificultad para la implementación del sistema de justicia se sitúa en que funcionarios no han recibido la capacitación adecuada sobre sus nuevas funciones. En el caso de los policías, el sistema de justicia penal amplió sus facultades para actuar como primer respondiente, asegurar las escenas del crimen, recopilar y preservar evidencia. Sin embargo, es necesario llevar a cabo evaluaciones frecuentes de las policías que participan en tareas de investigación para detectar y corregir cualquier deficiencia, además de que la mayoría de las fiscalías también carece de personal especializado que sea capaz de analizar de cerca los detalles de los casos penales.

Por otro lado, la falta de recursos humanos y financieros dentro de las defensorías públicas también plantea preocupaciones sobre el debido proceso. En promedio, cada defensor público en el país representó a 219 acusados en el 2018. Además, está claro que fortalecer las defensorías públicas no ha sido una prioridad. En el 2018, estas agencias recibieron menos de 2% del conjunto de recursos asignados a ellas y a los tribunales federales, la Policía Federal, la Fiscalia General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

Como consecuencia natural de todo esto, las malas practicas siguen arraigadas dentro del sistema de justicia penal. En México, 79% de las personas privadas de la libertad sufrió tortura o malos tratos durante su arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público, lo que demuestra que esta práctica es altamente frecuente en el proceso penal y es empleada como método de investigación.

A través de un análisis a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del Inegi, la organización World Justice Project se busco evidenciar en el informe Cuánta Tortura, el dominiode este delito en las distintas etapas del proceso del sistema de justicia de nuestro país.

El estudio enfatiza la prevalencia de la impunidad en los casos de tortura, ya que entre el 2006 y el 2016 la entonces Procuraduría General de la República llevó a cabo 13,850 investigaciones por ese ilícito, pero únicamente hubo 31 condenas en el mismo periodo. En contraste, de acuerdo con el análisis, 148,136 personas experimentaron algún tipo de tortura o maltrato durante el arresto, traslado o estancia en el Ministerio Púbico en el mismo periodo.

Mientras que la obtención de pruebas a base de tortura ocurre principalmente en dos momentos, uno de ellos en el arresto y traslado. Por ejemplo, 93% de las personas respondió haber sido presionado durante el interrogatorio, el 73% del total de las personas entrevistadas o interrogadas por la policía fue víctima de tortura o maltrato. 

Asimismo, en las detenciones injustificadas se impone la tortura o maltrato, debido a que 72% de la población encuestada reportó haber sido víctima de tortura o maltrato durante la detención; 82% de los detenidos en la calle o sacadas de algún lugar sin orden de detención también dijo sufrir tortura; al igual que 69% de los detenidos en flagrancia.

En segundo lugar, cuando ocurren más actos de tortura o maltrato es durante la estancia ante el ministerio público. Esta información se basa en diversos hallazgos, tales como que 66% del total de quienes fueron interrogados ante el MP fueron maltratados o torturados. Por otro lado, 40% de quienes reconocieron su culpabilidad ante el MP sufrió tortura o maltrato y 83% de los imputados al rendir su declaración fue presionado para dar otra versión. 

A su vez, los señalamientos que ocurren ante el MP cuando una persona detenida señala a otra son producidos con violencia, puesto que 95% de las personas imputadas que señalaron a alguien lo hizo a base de maltrato o tortura. 

Las personas torturadas o maltratadas reportaron haber sido sometidas a diversos tipos de agresión como amenazas con levantarles cargos falsos, amenazas con hacerle daño a sus familias, desvestirlos, vendarles los ojos, impedirles respirar, recibir patadas o puñetazos, golpes con objetos, quemaduras, descargas eléctricas, aplastamiento de alguna parte de su cuerpo, lesiones con arma blanca, lesiones por arma de fuego o haber sido obligadas a tener actividad sexual no deseada.

Las modalidades son frecuentes entre hombres y mujeres; sin embargo, los datos destacan que existe más violencia sexual cometida en contra de mujeres.

Los estados con mayor frecuencia de tortura durante la detención, traslado o estancia en el Ministerio Público son Tlaxcala y Aguascalientes, mientras que las entidades con menor frecuencia son Durango y Nayarit.

Los datos sugieren que este tipo de violencia perpetrada por actores estatales tiene lugar porque diversas autoridades creen que mediante la tortura pueden obtener evidencia válida para probar un delito. En segundo término, y en menor medida, la tortura se usa con fines de control social o castigo dentro del sistema penitenciario.

Entre los operadores del sistema de justicia en México prevalece una creencia, infundada pero sincera, que confía en la utilidad o funcionalidad de métodos violentos para la extracción de evidencia. Dada la magnitud del fenómeno, es notorio que la tortura goza de apoyo de líderes en las instituciones de justicia y seguridad ciudadana, al punto que diversos estudios de organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado, llegando a la conclusión que la tortura se ha normalizado en México como instrumento operativo de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y personal de procuración de justicia. Teniendo como consecuencia que este delito debilite la confiabilidad del sistema penal.

Estos documentos deben servir como referencia  a las autoridades para concentrar sus esfuerzos, ya que, se tiene la posibilidad de mejorar; pues ante los niveles de violencia que vive el país, el sistema de justicia penal debe ser eficiente y capaz de administrar justicia a las víctimas, castigando a los infractores, bajo un esquema de certeza legal que no de pie a posibles evasiones.

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Author: Regina García Lozano