La trata se ha extendido a 40 municipios


En 15 demarcaciones de la zona sur, se autorizaron permisos para construir 20 hoteles, 20 autohoteles, 35 moteles, 203 bares y 73 centros botaneros: Fray Julián Garcés


La directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos, Alejandra Méndez Serrano dio a conocer que en 2008 se habían detectado 23 municipios con trata de personas, pero el número se ha extendido a 40 municipios de acuerdo a un estudio realizado por la especialista Patricia Olamendi, que fue contratada por el Instituto Estatal de las Mujeres.

Durante la presentación del diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México 2019, mismo que organizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Méndez Serrano detalló que de acuerdo a información otorgada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Iaip-Tlax) en los años 2014 a 2016, en 15 municipios de la zona sur, se autorizaron permisos para construir 20 hoteles, 20 autohoteles, 35 moteles, 203 bares y 73 centros botaneros.

Acusó que dentro de las redes de trata “operan funcionarios públicos, el año pasado un policía ministerial captó a una chica que prestaba servicio social y la explotó sexualmente”.

Dijo que las cantidades antes expuestas son alarmantes, además de que estos inmuebles están construidos en lugares donde se ubican las jóvenes, situación por la cual deberían las autoridades iniciar una investigación de oficio y afondo.

En este sentido, expresó que únicamente seis por ciento de las averiguaciones previas se inician de oficio y existen más casos que deberían iniciarse mediante esta misma línea, “es preocupante ya que se dejan sin investigar varios casos potenciales de trata y en la entidad es claro tu vas por las carreteras y se observa a las chicas ofreciendo sexoservicio”.

En cuanto a las denuncian realizadas detalló, que se iniciaron 765 actas circunstanciadas en 11 Procuradurías y Fiscalías generales de las cuales 344 son del orden estatal y se concentraron en las Procuradurías de Baja California y Tlaxcala, de ese número  sólo 82 alcanzaron el rango de averiguación previa.

En 2008, Patricia Olamendi señaló que tras tener acceso a la información de la PGJE, las víctimas dieron lugares de explotación, rutas de traslado, modus operandi y hasta hoy es un tema que sigue sin poderse abatir, “además de que las agredidas están en riesgo latente al no proceder en contra de los agresores”.

Finalmente dijo, que tras no haber garantías para las víctimas, ya no denuncian y es que son mínimas las que llegan a sentencia condenatoria.

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Author: Yaneth Ortega Jimenez