En 11 años no se sancionaron desfalcos públicos

Congreso aprueba nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que contemplan sanciones económicas que van de los 10 mil 268 hasta 51 mil 340 pesos o más

Además abroga la Ley de Fiscalización que entró en vigor en 2008

Después de 11 años que en Tlaxcala alcaldes o titulares de poderes y organismos autónomos no han sido sancionados contundentemente por incurrir en desvíos de millones de pesos y generar daño patrimonial al erario público durante su gestión, ayer los diputados del Congreso del estado aprobaron una nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios para eliminar la Ley de Fiscalización Superior que fue publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado -en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, número 2 Extraordinario- de fecha 10 de noviembre del año 2008.

En la nueva legislación se contemplan sanciones económicas que van de los 10 mil 268 pesos hasta 51 mil 340 pesos o más, para las autoridades que no presenten sus cuentas públicas trimestrales de manera puntual, y fue aprobada por mayoría de votos en la vigésima octava sesión ordinaria del Poder Legislativo de este martes, tras haber sido presentada por las comisiones unidas de Asuntos Municipales, Finanzas y Fiscalización, así como la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

Dentro del ordenamiento, se prevé que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2020 e incluye aspectos nuevos en materia de revisión y fiscalización de los recursos públicos, cuyas operaciones involucren recursos o participaciones a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica, y por el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de los entes fiscalizables, entre otras operaciones.

Además los diputados de la LXIII Legislatura de Tlaxcala, con la emisión de esta ley, armonizan la legislación local con las directrices de la Constitución Política de México en el combate a la corrupción, disciplina financiera, revisión y fiscalización superior, y responsabilidades administrativas.

Contiene la dualidad organizacional para investigar y sancionar a nivel interno o externo las faltas administrativas que determine el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en el desempeño de sus funciones, incluso para denunciar los posibles hechos delictivos que llegue a advertir, esto a través de la inclusión de figuras como la unidad investigadora y la unidad sustanciadora.

También asigna al OFS un plazo que vence el 15 de julio del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General al Congreso de los estados financieros correspondientes a los entes públicos a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por lo que este procedimiento ya no lo hará el último día del mes de mayo como está establecido actualmente.

La nueva legislación deja en manos de los diputados que integran la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo, la facultad de proponer al Congreso la terna de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior, así como, en su caso, la solicitud de su remoción en términos de lo dispuesto por esta Ley. Mantiene el periodo de siete años en nombramiento del Auditor Superior.

La nueva ley aumenta las sanciones económicas para las autoridades que se nieguen a entregar de manera trimestral sus cuentas públicas, toda vez que el OFS podrá imponer multas que deberán ser pagadas con recursos propios de los servidores públicos o particulares.

Es decir, cuando los servidores públicos responsables no presenten la cuenta pública trimestral conforme al plazo establecido en el artículo 9 de esta ley,  el OFS deberá imponerles multas de 10 mil 268 pesos hasta 20 mil 536 por el rezago de uno a siete días de atraso.

Las multas se elevarán hasta 351 y 500 UMA´s cuando las autoridades presenten un rezago de 61 a 90 días en la entrega de sus cuentas públicas y después de 91 días en adelante se aplicará la tarifa anterior más el incremento de una UMA, por cada día adicional.

La nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios, abroga la legislación que entró en vigor en 2008, fecha desde la que no se ha sancionado a ningún alcalde y autoridad de Tlaxcala por incurrir en desfalcos millonarios, pese a que se han reprobado sus cuentas públicas por parte del Congreso del estado.

Author: Jaime Xochitototl Cote